EL PEOR PRETEXTO

“Premeditadamente a esos sicarios los enviaban a las veredas y municipios liberales y, al grito de “Viva el Partido Conservador”, sacrificaban liberales indefensos. Luego, los mismos sujetos, viajaban a las veredas y municipios conservadores para, al grito de “Viva el Partido Liberal”, arremeter contra la vida y los bienes de inocentes ciudadanos conservadores”.   Gloria Gaitán.

Uno de los mejores pretextos que han encontrado los promotores  del  NO al plebiscito del próximo 2 de octubre en el cual la sociedad  refrendará o no el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con las FARC-EP, es la impunidad.

Pero es el peor pretexto.  Colombia vivió uno de los periodos más violentos y sangrientos de  su historia gracias a sus dos únicos partidos tradicionales: Conservador y Liberal.

Dos o tres años antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, caudillo indiscutible del partido Liberal, ya empezaban a vislumbrarse provocaciones violentas en zonas de varios departamentos del país; Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y Boyacá, ya contaban entre sus estadísticas con un número preocupante  de asesinatos que empezaban a teñir con sangre los caminos y ríos de la patria.

Pero una vez asesinado Jorge Eliécer, el 9 de abril de 1948, los muertos provocados antes de su muerte solo serían la cuota inicial que encabezaría el listado de cientos de miles de víctimas exterminadas,  mutiladas, desplazadas, que dejaría la insurrección del pueblo aterrado y confundido por el homicidio del líder popular.

Liberales y conservadores quedaron enfrentados como protagonistas principales  de otra escena  “político-violenta” del momento.  Autores de uno de los capítulos  más tristes y terroríficos que haya vivido Colombia.

Este enfrentamiento de los dos únicos  partidos emblemáticos  de Colombia sumió al país en un bandolerismo salvaje y desbocado.  Se calculan entre  200.000 y 300.000 muertos,  además del desplazamiento forzado de dos millones de personas de las zonas más violentas; cifras que adornan la lucha bipartidista.

Después los mismos enemigos, liberales y conservadores,  negociaron dieciséis años de alternancia en el poder (1958-1974);  luego de haber originado estos hechos atroces,   conocidos en la Historia de Colombia como “La Época de la Violencia”.

No alcanza la lógica a concebir que hoy un grupo de colombianos hablen de impunidad cuando el pasado político de sus partidos,  que representan y siguen, en lugar de haber pedido perdón y reparar a las víctimas se repartieron el poder dejando sin opción democrática a los demás actores  políticos  vigentes o que surgieran en el momento.

Es entendible que gran parte de nuestra  juventud,  por el afán que trae la modernidad y la manera selectiva como se enseña nuestra Historia en los colegios,  no la conozcan.  ¿Pero los demás? 

La mayoría de los representantes, líderes y “anunciadores”  políticos alguna vez desfilaron  por alguno de estos dos colores (con contadas excepciones); lo que se esperaría de ellos sería sensatez y honestidad para reconocer que hoy están exigiendo un aspecto inexistente en sus bitácoras de gobierno.

No se quiere decir con esto que no pueda existir la posibilidad de rebatir ideas ni sentar posiciones ante situaciones que parezcan inapropiadas e inconvenientes para el futuro del país.  Significa es que la memoria, la que tanto valoramos hoy en día, también tiene que servir para el  buen ejemplo y la capacidad de doblarse hacia adentro,  mirándose  sin asco y sin rubor pero si con claridad meridiana y humildad.

Colombia ha sido un país de impunidades desde siempre.  Condición, que aunque indeseable por lo que significa para la viabilidad de la Democracia y del país, es intrínseca a nuestra Justicia.  Desde los primeros años del siglo pasado ella ha sido la reina que desfila oronda y promiscua  por los pasillos de los tribunales. 

Continúan en la impunidad los autores  intelectuales  de acontecimientos tan macabros y vergonzantes  como  la violencia bipartidista o el genocidio al partido político de la  UP,  que cobró la vida de aproximadamente cinco mil personas entre  líderes,  activistas y simpatizantes.

Impunidades que no son equivalentes ni se parecen con lo pactado en el Acuerdo Final.  Que no se castigue a los culpables  con las penas y las formas que algunos desean, no implica exactamente un escenario de impunidad.

Lo mínimo que puede hacer un amplio sector político de Colombia, de alguna manera exculpándose, es no exigir lo que fueron incapaces de ofrecer moralmente en su momento;  permitiéndoles a los jóvenes de hoy que  tengan la posibilidad de observar el país con ojos diferentes, libres de resentimiento.