PAZ SIN EQUIDAD

“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.”    Nelson Mandela.

Seguramente por esa permanencia histórica del hombre en actos violentos, guerras, disputas mortales, duelos de honor, él  anhela la paz.  Y desesperado en lograrla se aferra de cualquier forma o cree en cualquier falacia  esperanzado en alcanzarla.  Puede ser un espejismo que necesita como dogma de fe.

Cuando los representantes del gobierno  en la Habana hablan de lo cerca que se encuentra la paz con las FARC, entendida como la paz para Colombia y progreso con equidad, aparece en yuxtaposición  el decreto que establece el salario mínimo para los colombianos para 2016.

Un decreto que impone el 7.0% de ajuste al salario mínimo frente a una inflación del 6.8% en  2015.  Escaso  0.2% por encima de ella;  ¡$45.104.00! 

La asignación del 7%  da como resultado un salario  de $689.454.00 mensual  para los trabajadores  y de carambola rebota posiblemente en el de los ilustres congresistas poniéndolos a recibir mensualmente la insignificante suma de $27.600.000.00.  Un incremento de $1.806.000.00.

Mientras un congresista que sesiona 10 meses puede estar percibiendo la despreciable suma de  $331.000.000.00 al año, el trabajador criollo devengará en doce meses de trabajo, sin tener en cuenta sus ínfimas deducciones, la exorbitante cantidad  de $8.273.448.00.

Y sin contar con el regalo que entregó este gobierno en su primer mandato,  asignándoles a los congresistas mediante el decreto 2170/2013 una “prima especial de servicios” que comenzó con $7.898.445.00 ¡reajustable anualmente con el mismo porcentaje que se reajuste su asignación básica!

Aunque es un tema recurrente  no deja de ser indignante y propicio tratarlo  en un ambiente  turbulento de diálogos de paz  y el consecuente  posconflicto,  que lo que menos necesita   para su éxito son palabrerías manipuladoras;  lo que si exige es una aplicación práctica sobre el terreno,  de políticas que  señalen un cambio correcto de dirección hacia la inversión social y el respeto al trabajador raso colombiano.

Esas palabras tan rimbombantes y seductoras como “tejido social”, “inclusión”, “paz”, “equidad” “oportunidades”, “democráticos”, son vacías si se pronuncian solamente para adornar frases y desplumar ingenuos.

Hay teorías que los expertos siempre han expuesto  tratando de explicar  que un alza “desmesurada” en el salario mínimo implicaría un desequilibrio económico con trágicas consecuencias para el país.

Pero se quedan mudos cuando se trata de argumentar  la desproporcionalidad entre lo que gana un empleado que labora 48 horas semanales durante 12 meses  y un congresista que empieza a sesionar su primer periodo  “(el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio).” Constitución Política de Colombia (Art. 138).

Y alrededor del salario mínimo, aparecen joyas como la posible “subasta”  de Isagén, (hoy aún no se si ocurrirá  aunque creo que nada la detendrá),  o la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios del gobierno de aplicarle el 5% de IVA a libros y cuadernos que afortunadamente se cayó. 

Aquí ya no se puede hablar de brechas sino de abismos sociales.  Esa disparidad es ofensiva, es dolorosa, es vulgar. Es una afrenta para la señora que asea, para la que espera que el gobierno, construyendo equidad, le regale una casa para vivir con su familia;  para el invidente que sale a vender en su oscuridad,  para el profesional explotado so pretexto de adquirir experiencia, para los miles de empleados “legales ilegalmente” a los que sus explotadores les pagan $20.000.00 diarios y “-váyase para su casa y vuelva mañana”.  Para todos los colombianos honestos que desconocen  que la paz viene empacada en justicia.

Pero estos casos no son  únicos. Por eso no es casual nuestra ubicación en el entorno continental y mundial cuando de acumulación de poder y riqueza se habla; o cuando de desigualdad social se trata.  ¡Colombia ocupa siempre los más ultrajantes lugares!

Oxfam es una confederación internacional constituida por 17 organizaciones presentes en 92 países, entre esos Colombia, que conforma un movimiento global “(…) para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza.”

Precisamente Oxfam  publicó un estudio a finales del 2014 titulado “Privilegiosque niegan derechos”. 

Ese estudio establece que solo el 1%  más rico de los colombianos concentra el 20% de los ingresos del país.  Según el último año disponible del Top Income Database, Colombia, Argentina y Uruguay lideran los tres países latinoamericanos de mayor concentración y  se sitúan entre los cinco más desiguales del mundo.  “(…) Colombia ocupa el deshonroso primer lugar.”

Como hecho complementario en otro estudio adelantado por El Barómetro de las Américas, los tres primeros países con mayor grado de percepción de corrupción por parte del Estado, son Venezuela, Colombia y Argentina.  En el orden que los relaciono.

El presidente Santos acude a la buena voluntad y criterio de los colombianos para construir un  nuevo país; “(…) que caminemos juntos, que trabajemos juntos (…)”.  ¿No es acaso lo mismo que el pueblo desearía sentir por parte del gobierno central?  ¿Caminar juntos y trabajar juntos ganando lo justo con relación a los más privilegiados?

Esta paz la construimos todos los colombianos pero no es el pueblo raso el que  debe seguir colocando la más alta cuota de sacrificio, como hasta hoy, para que los del  1% y algunos más  vean reventar sus arcas sin el menor esfuerzo.

Ya está bien de mirar hacia el patio del vecino; es mejor  auscultarnos minuciosamente para descubrir que tal vez sufrimos del mismo mal pero con diferentes síntomas. 

Publicado enero 2016